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Violencia Sexual Y Protesta: Primer Informe Regional Expone un Patrón Preocupante en la Región

Un informe titulado “Violencia Sexual y de Género en el Marco de la Protesta Social en América Latina”, publicado por REDRESS, la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University Washington College of Law (AUWCL), y la Red Latinoamericana de Litigio Estratégico en Violencia de Género (ReLeG), muestra cómo la VSBG ha sido utilizada como un método de represión política y social en manifestaciones recientes en Argentina, Chile, Colombia, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela. 

Este es el primer informe de este tipo que se enfoca específicamente en la VSBG como herramienta de represión en el contexto de protestas en toda la región. El informe concluye que esta violencia a menudo coincide con esfuerzos más amplios en los últimos años para reducir el espacio cívico mediante la criminalización de manifestantes, detenciones masivas y leyes que protegen a las fuerzas de seguridad de rendir cuentas por abusos. 

El informe revela que la violencia en las manifestaciones no es neutral en cuanto al género. La VSBG se utiliza particularmente como arma contra mujeres, personas LGBTIQ+ y otros grupos marginados. Las personas sobrevivientes a menudo guardan silencio debido a la vergüenza, al temor a represalias, al estigma social o a la falta de confianza en el sistema de justicia. La impunidad generalizada profundiza ese silencio y perpetúa el ciclo de violencia. El informe también destaca el fracaso sistémico de los Estados al no incorporar una perspectiva de género en las políticas y prácticas de seguridad, en claro desprecio por las normas de derechos humanos internacionales y regionales. 

La larga historia de racismo, clasismo, colonialismo y represión política bajo dictaduras cívico-militares en América Latina ha creado un escenario donde la impunidad prospera y la protesta pacífica es frecuentemente vista como una amenaza, en lugar de un derecho democrático. A pesar de la creciente atención de organismos regionales e internacionales de derechos humanos, así como de los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil y litigios colectivos para visibilizar el problema, la mayoría de los casos siguen sin denunciarse y permanecen impunes, lo que genera un efecto disuasorio sobre el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. 

Basado en una extensa documentación de organizaciones internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y testimonios directos y estudios de caso recolectados por la red de ReLeG, el informe demuestra que estos actos no son incidentales, sino una práctica sistemática utilizada para castigar y disuadir la participación política de mujeres y grupos históricamente marginados. En muchos casos, los incidentes alcanzan el umbral de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes conforme al derecho internacional. 

El informe hace un llamado urgente a documentar estas violaciones, procesar a los responsables y prevenir su repetición, para que la VSBG nunca más sea utilizada como un arma política para infundir miedo, silenciar la disidencia y mantener un sistema de impunidad. Como un informe de mapeo regional, sienta las bases para abordar un problema en gran parte ignorado y que requiere mayor discusión. Dada la gravedad de la situación, el informe insta a los Estados latinoamericanos a considerar pasos sustantivos para revertirla. 

Litigio Estratégico en Violencia de Género: Experiencias de América Latina

El informe refleja el intercambio de experiencias llevado a cabo durante la Mesa de discusión en línea sobre litigio estratégico en materia de violencia de género en América Latina, organizada el 21 y 22 de octubre de 2020.

El evento contó con el apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la American University Washington College of Law, a través del Oficina de Investigación de Crímenes de Guerra y de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y la Universidad de Leiden, a través del Grotius Centre for International Legal Studies.